Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. La magistrada de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 21 de València emitía este jueves un auto de incoación de procedimiento abreviado (PA) contra la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Ciscar; su hijo Rafael Blasco Ciscar, conocido con el nombre artístico de Rablaci; un empresario y tres exdirectivos o empleados del IVAM: el ex director económico administrativo, el exdirector de Publicaciones y Acción Exterior y una funcionaria. Se les acusa de haber utilizado el IVAM para promocionar la carrera artística del hijo de Ciscar y del exconseller Rafael Blasco, condenado a prisión en el caso Cooperación.
En cuanto a los delitos, la jueza considera que los hechos podrían ser constitutivos de malversación, prevaricación administrativa, cohecho y falsedad de documento oficial.
Según consta en el auto de PA al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la jueza afirma que, tal como ya dijo la Audiencia Provincial de Valencia, Consuelo Ciscar utilizó recursos humanos y materiales del IVAM para potenciar la carrera de su hijo, lo que supone "una quiebra de los principios rectores de toda actuación pública, y el desvío de fondos y recursos públicos de su auténtica finalidad".
Entre el mal uso que supuestamente se realizó del IVAM por parte de los procesados, la jueza destaca el uso de las relaciones institucionales del museo para promocionar la carrera de Rablaci, las traducciones de los textos de sus catálogos, la elaboración de su currículum vitae, la elaboración de documentación para donaciones de obras de arte de Rablaci, la organización de exposiciones y el transportes de sus obras de arte, la gestión contable en la que desde el IVAM le decían como desgravar dinero, la solicitud del ISBN para los catálogos, las fotografías de sus obras que se incluían en catálogos o la redacción de los textos para los mismos.
Es decir, según el auto, a Rablaci ser artista le salió no solo gratis, pues según el escrito los gastos se pagaron de las arcas del IVAM, sino que fue promocionado con dinero de todos los valencianos. Entre las pruebas que especifica el auto se encuentra que la mayoría de los textos sobre la obra de Rablaci fueron redactados por un trabajador del IVAM a petición de Consuelo Ciscar en los años 2009 y 2010.
El informe de la Intervención de la Generalitat a ese respecto resaltaba que "durante los ejercicios 2009 y 2010 los pagos se realizaron en concepto de corrección de textos para la revista Cuadernos del IVAM, habiéndose verificado que durante al menos 14 meses de dicho período no existió contrato en vigor para la edición Cuadernos del IVAM, no obstante, se realizaron pagos por valor de 39.529 euros por la corrección de textos para dicha revista". Para la instructora, existen serios indicios de que parte de ese dinero se utilizó para "escribir textos que impulsaran la carrera de su hijo".
Entre los puntos que destaca el auto se encuentra la concesión de servicios y compra de obras de arte con cargo los fondos públicos de IVAM a entidades, o artistas, que de forma paralela ejecutaban los mismos o similares servicios con ocasión de las exposiciones y edición de catálogos de Rablaci o para su promoción artística, "no habiéndose encontrado que Ciscar o Rablaci hubieran pagado tales servicios".
Así, el hijo de Consuelo Ciscar realizó desde 2007 -cuando solo tenía 20 años- hasta 2014 un total de 41 exposiciones, siendo la primera de ellas en París. Entre los indicios que destaca el auto está que, presuntamente, Ciscar pagaba en especies a los comisarios de las exposiciones -personas que eligen las obras que se muestran- de su hijo con "la concesión de servicios a cargo de los fondos públicos del IVAM". Dichos comisarios cobraban entre 3.000 y 75.000 euros del museo y "eran elegidos de forma discrecional por la gerente".
Algunos de esos comisarios utilizaron su influencia en las diferentes galerías de arte para forzar exposiciones de Rablaci, como por ejemplo sucedió en la Galería Raquel Ponce de Madrid, que ante la insistencia de uno de esos comisarios terminó por ceder un local, pese a no tener fechas libres para más exposiciones.
Según la jueza, "la organización de una exposición por el IVAM puede significar un despilfarro de los fondos públicos con los que se nutre, y por ello afirmar que puede significar un trato de favor hacia un artista en concreto más allá de su proyección como tal".
Y todo ello porque el museo no tiene una norma interna que fije el procedimiento a seguir para organizar exposiciones. Las propuestas son de los comisarios o iniciativa de la dirección, la propuesta de comisarios para la celebración de exposiciones no se registra y no hay ningún documento con información. Así, una vez está todo decidido, es cuando se inician los expedientes de contratación. Por tanto, el Consejo Rector no realiza "un efectivo control de facto (…), ni existe una fiscalización de los fondos públicos".
El auto también dice que de la adquisición de obras de arte se puede desviar dinero público, ya que las mismas se realizaban sin aportar informes sobre los criterios técnicos, y todas las propuestas partían de Consuelo Ciscar. Este punto del auto no es baladí, pues existe otra pieza abierta por la compra de piezas supuestamente falsificadas por el hijo del escultor Gerardo Rueda. Irónicamente, una de ellas es la que preside la entrada de la Ciudad de la Justicia.
Entre los artistas a los que el IVAM compró piezas presuntamente a cambio de favores se encuentran el arquitecto y pintor portugués Julio Quaresma, a quien le compraron obras e hicieron exposiciones supuestamente a cambio de que promocionara a Rablaci, o el diseñador gráfico, fotógrafo, escultor y pintor Alberto Corazón, a quien le habrían organizado varias exposiciones internacionales en lugares como Hanoi, Shangai, Suecia o Italia.
En la causa también ha sido procesado el empresario Bienvenido Martínez, sobre el que existen indicios de que el transporte, montaje y desmontaje de las exposiciones del hijo de Ciscar fue asumido por él, "a resultas de las múltiples adjudicaciones irregulares de servicios a las entidades de las que el mismo era titular, realizadas aquellas por la cúpula del IVAM y todo ello con cargo a fondos públicos".
La juez explica que, aunque Ciscar asegura que los gastos de las exposiciones de su hijo los abonó ella de su propio bolsillo, "no existe constancia del indicado pago". Añade el auto que existen indicios de que "tales servicios prestados le fueron ‘regalados’ a Ciscar como agradecimiento a tales adjudicaciones o, cuanto menos, aceptó el regalo que le fue concedido en consideración a su cargo".
En cuanto al hijo de Ciscar y del exconseller Rafael Blasco, dice el auto que la política de expansión internacional de la colección del IVAM o de obras de artistas, "asumiendo el instituto todo el coste", que "fue adoptada de manera unilateral por Ciscar, permitió que su hijo tuviese una proyección internacional como artista, desde los 20 años, y que en diversas ocasiones pudiera exponer en el extranjero en los mismo o en lugares próximos a las exposiciones del IVAM".
Según la jueza, para que eso fuera posible, las exposiciones se las tenían que adjudicar a este empresario. Existen, al menos, tres exposiciones en las que coinciden: la X Bienal de La Habana en 2009, la I Trienal del Caribe en Santo Domingo y una itineracia por el continente asiático que costó 284.000 euros al museo.
En definitiva, el auto hace un repaso de todos y cada uno de los indicios que, a ojos de la juez, existen contra los ahora procesados. Sin embargo, este auto no implica que todo terminen en el banquillo, pues las acusaciones y las defensas pueden recurrir y, además, todavía faltan los escritos de acusación donde alguno de los nombres, según fuentes consultadas por Valencia Plaza, podría caerse de la lista.
Los magistrados concluyen que las obras del citado escultor vendidas al museo eran "auténticas" y el precio que se pagó por ellas "fue acertado o en su caso muy beneficioso"